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Sep22

El rompecabezas de la declaración de bienes en el extranjero

Categorías // Fiscal, Noticias

31.824 contribuyentes han informado este año al fisco sobre su patrimonio en el extranjero. La Agencia Tributaria ha destapado unos 100.000 millones desde 2012

Bienes en el extranjero

La declaración de bienes en el extranjero que los contribuyentes españoles han presentado ante la Agencia Tributaria este año ha aflorado 20.449 millones de euros. Desde 2012, Hacienda ha destapado más de 100.000 millones de euros ocultos en el exterior, mucho de los cuales no tributaban, según revelan fuentes del ministerio de Hacienda.

El Gobierno aprobó en 2012 la obligación de detallar ante el fisco las cuentas corrientes, seguros, valores, inmuebles y otros derechos valorados en más de 50.000 euros que los españoles tenían en el extranjero. Para ello creó el modelo tributario 720 en el que los contribuyentes tenían que declarar sus bienes. Aquellos que no informasen al fisco sobre sus bienes y derechos en el exterior se enfrentaban a una sanción de 5.000 euros por cada dato omitido, con una multa mínima de 10.000 euros. Además, los impuestos afectados, IRPF y sociedades, ya contemplan sanciones específicas de hasta el 150% de la base de la sanción por no haber liquidado el tributo. Hacienda, además, cambió la legislación tributaria para que los bienes no declarados en el extranjero fueran considerados que procedían del último ejercicio no prescrito.

La Agencia Tributaria comenzó a recopilar los datos el año pasado. Los contribuyentes con bienes en el exterior tenían que declararlos antes del primer trimestre de cada año.

En 2013, el primer año en que entró en vigor la obligación de informar sobre el patrimonio en el exterior, 134.000 contribuyentes presentaron la declaración del modelo 720. Afloraron 88.000 millones de euros, el equivalente a nueve puntos del producto interior bruto (PIB), el doble de lo previsto inicialmente.

En la segunda oleada del proceso, que ha tenido lugar entre enero y abril de este año, 31.824 contribuyentes han declarado por primera vez bienes y derechos por importe de 20.449 millones de euros. Esta cantidad corresponde a cuentas corrientes, valores, seguros o inmuebles que los españoles han abierto o comprado en el exterior en los últimos meses o que tenían ocultos y los han declarado por primera vez.

Además, en las declaraciones presentadas ante la Agencia Tributaria este año otros 28.633 contribuyentes han declarado una revalorización de los bienes que informaron el año pasado por importe de 69.861 millones de euros.

Resulta difícil precisar cuánto dinero dejará este dinero aflorado en las arcas públicas porque muchos de estos bienes ya tributan en el extranjero. Otros no generarán impuestos hasta que se vendan. Además, en muchos casos existen acuerdos de doble imposición lo que deja la recaudación en el país de origen.

En Hacienda aún están depurando los datos para especificar el importe exacto de la revalorización. Además, tienen pendiente de detallar el origen de estos bienes. De los 88.000 millones aflorados el año pasado, 14.600 millones correspondían a cuentas corrientes; 17.000 millones a instrumentos de inversión colectiva; 2.400 millones a seguros y productos similares; 45.000 millones correspondían a otros valores de inversión como acciones y 9.000 millones de euros en inmuebles.

Aunque las cifras de las declaraciones de este año y las de 2013 no se pueden sumar porque aún hay que depurar los datos y desagregar las revalorizaciones registradas en 2014, lo cierto es que desde 2012 se han aflorado más de 100.000 millones de euros de bienes y derechos ocultos en el extranjero que antes no tributaban, según reconocen fuentes de Hacienda, que recuerdan que hay que tener en cuenta el dinero descubierto por la Declaración Tributaria Especial, el término con que bautizó a la amnistía fiscal.

El Gobierno abrió en 2012 una amnistía fiscal que, aunque resultó un fracaso en términos recaudatorios —se ingresó la mitad de lo previsto, logró destapar 40.000 millones de euros que estaban ocultos en el extranjero. Algunos de estos bienes ya eran declarados por los contribuyentes en los impuestos correspondientes pero no en el modelo 720.

La caída de los ingresos tributarios durante la crisis ha llevado al Gobierno a endurecer la lucha contra el fraude fiscal. En 2012 aprobó una ley que endurecía las penas para el delito fiscal y establecía medidas adicionales para perseguir el fraude —entre las que se encontraban la declaración de bienes en el extranjero—. Con estas medidas la Agencia Tributaria logró cosechar 10.479 millones de euros el año pasado con su plan de lucha contra el fraude fiscal. Aunque la cifra está entre las más altas de la historia de la Agencia, supone un 9% menos que lo obtenido el año anterior. Este año parece que la cosa va mejor. El ministro de Hacienda anunció hace unos días en el Congreso que en el primer semestre de este año se ha recaudado 5.508 millones, en lo que es el mejor primer semestre de la historia.

Desde el PSOE se ha criticado que la reforma fiscal que acaba de presentar el Gobierno no haya incluido más medidas para luchar contra el fraude. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, se lo afeará hoy al ministro Montoro en el Congreso durante el debate a la totalidad sobre la reforma fiscal

Fuente: EL PAIS

Sep22

Hacienda acelera la reforma fiscal para que se aplique en la nómina de enero

Categorías // Fiscal, Noticias

La subida fiscal que entró en vigor en 2013 no se trasladó a las nóminas hasta febrero por falta de tiempo.

Reforma fiscal enero

Las empresas son las encargadas de aplicar en las nóminas de sus empleados la rebaja fiscal del IRPF y los múltiples cambios incluidos en la reforma que actualmente se está tramitando en el Congreso. Las compañías ya han advertido que precisan de margen para adaptar sus sistemas informáticos a la nueva normativa y aplicar así ya desde enero las nuevas escalas de retenciones y las modificaciones introducidas en, por ejemplo, la reducción por rendimientos del trabajo.

La idea de Hacienda es ofrecer un plazo suficiente para que las compañías reflejen en la nómina de enero de sus trabajadores la rebaja fiscal que supondrá un incremento del sueldo neto mensual. Altos funcionarios del Ministerio de Hacienda ya han comunicado a organizaciones de asesores fiscales que la idea es aprobar en noviembre la reforma fiscal y con mínimos cambios. Es decir, las posibles modificaciones no afectarán a aspectos fundamentales como el número de tramos, los tipos impositivos, la reducción por rendimientos del trabajo o los mínimos personales. Estas son las principales variables que influyen a la hora de determinar el tipo de retención que sufren los asalariados en su nómina.

De hecho, cuando el actual Gobierno elevó en diciembre de 2012 el impuesto sobre la renta, no fue hasta febrero del año siguiente cuando la medida se reflejó en los salarios de los empleados. Entonces, el incremento fiscal que no se aplicó en enero por falta de tiempo se prorrateó durante los once meses siguientes. Hacienda no quiere que el trámite parlamentario se demore y se repita la misma situación, con el agravante de que, en este caso, el retraso perjudicaría al contribuyente.

Las retenciones que sufren los trabajadores representan un adelanto del pago del IRPF que se abona en junio y julio de cada año respecto a las ganancias del ejercicio anterior. Cuanto mayor es el porcentaje de retención, mayor es la probabilidad de que la declaración salga a devolver.

En cualquier caso, las empresas tienen la obligación de practicar adecuadamente la retención en la nómina de sus trabajadores. Si bien la Agencia Tributaria publica a principios de año una herramienta para calcular las nóminas, la mayoría de compañías utiliza programas informáticos para hallar el porcentaje de retención en función del sueldo y las características familiares del empleado.

A partir de 2015, el número de tramos del IRPF pasará de siete a cinco y el tipo mínimo se reducirá del 24,75% al 20%, mientras que el máximo, bajará del 52% al 47%. Un contribuyente que tiene un sueldo bruto de 25.000 euros paga hoy por IRPF 4.023 euros al año, una cifra que se reducirá hasta los 36.693,4 euros el próximo año. Ello implica un incremento del sueldo neto anual de 330 euros.

Si bien las comunidades tienen competencia para modificar los tipos, el cálculo de las retenciones se realiza sin tener en cuenta las legislaciones autonómicas. Ello facilita la gestión de las empresas, especialmente aquellas que tienen sedes en distintas comunidades.

 

La Ley General Tributaria, a fuego lento

La reforma fiscal que presentó el Gobierno en junio constaba de cuatro borradores de proyectos de ley que afectaban al IRPF, impuesto sobre sociedades, IVA y la Ley General Tributaria. Los tres primeros ya se encuentran en el Congreso y serán debatidos mañana en el Parlamento. En cambio, la reforma de la Ley General Tributaria sigue un proceso más lento y todavía no ha sido analizado por el Consejo de Ministros. Entre otras propuestas, el borrador contempla la publicación de una lista de morosos que mantienen una deuda con la Agencia Tributaria que supera el millón de euros. Se trata de una medida ejemplarizante que supondrá la publicación de los nombres y apellidos –o la denominación social en el caso de las empresas– de los grandes morosos con el fisco. De momento, Hacienda ya tiene detectados 2.000 contribuyentes que cumplen los requisitos para aparecer en esa lista.

Sin embargo, mientras el Ejecutivo tiene prisa por aprobar la reforma fiscal que afecta al IRPF, Sociedades e IVA, la reforma de la Ley General Tributaria no se aprobará previsiblemente hasta el próximo año. Hacienda, en este caso, se muestra más dispuesta a alcanzar grandes acuerdos con la oposición. De hecho, el ministro Cristóbal Montoro instó a los grupos parlamentarios a realizar propuestas para reforzar el control y la publicidad en casos de fraude y delito fiscal de personajes con responsabilidades públicas. El ministro de Hacienda realizó estas declaraciones durante su comparecencia en el Congreso a principios de mes, cuando cargó duramente contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, por su reconocido fraude tributario.

Fuente: www.cincodias.com

Ago06

Medidas Urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia para garantizar la sostenibilidad económica

Categorías // Fiscal, Noticias

Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio, a través del Real Decreto Ley 8/2014 publicado en el BOE el pasado 5 de Julio de 2014, se presentaron una serie de medidas urgentes que impulsen el crecimiento y la competitividad.

Real Decreto Ley 8/2014: Medidas Urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia para garantizar la sostenibilidad económica.

Este Real Decreto contempla un paquete de medidas respetuosas con el objetivo de saneamiento fiscal, que impulsen el crecimiento y la competitividad presente y futura de la economía y la financiación empresarial, tiendo tres ejes fundamentales: el primero, fomentar la competitividad y el funcionamiento eficiente de los mercados; el segundo, mejorar el acceso a la financiación; y, el tercero, fomentar la empleabilidad y la ocupación. A continuación pasamos a detallarles las medidas más destacadas.

1.- Comercio minorista

Se establecen diez nuevas ciudades donde habrá zonas de gran afluencia turística con libertad de horarios comerciales: San Sebastián, A Coruña, Salamanca (ya declarada), Santander, Oviedo, Gijón, Almería, Marbella (ya declarada), León y Jerez de la Frontera. Los Ayuntamientos serán los responsables de delimitar las zonas y las comunidades, de declararlas.

-  Se limitan las comisiones en pagos con tarjeta especialmente en pequeño importe y se aplica la reducción al comercio electrónico. 

- Se limitan supuestos de exigibilidad de licencia a la implantación de establecimientos comerciales y se reducen trámites y plazo.

- Se modifica la Ley de Ordenación del Comercio Minorista,  para agilizar la implantación de nuevas superficies comerciales en nuestro país, que serán también de aplicación en los casos de traslado o ampliación de superficies. Se limitan los supuestos de exigibilidad de licencia, se establece un procedimiento integrado y se reduce a la mitad el plazo.

Modifica la Ley del Cine para suprimir la obligación de inscripción en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o en el equivalente de las Comunidades Autónomas, que como requisito habilitante se exigía hasta ahora a las empresas productoras y distribuidoras. De igual manera, la exigencia de inscripción que se imponía a los titulares de las salas de exhibición cinematográfica se sustituye por una comunicación, necesaria para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control de asistencia y la declaración de rendimientos, así como del control de la obligación de cuota de pantalla. Reordenación del Registro.

2.-Pagos electrónicos

Se intenta fomentar el pago con medios electrónicos, limitando las tasas de intercambio. Así, es aplicable a las operaciones efectuadas con tarjeta de pago, con una limitación máxima del 0,2% en débito y 0,3% en crédito. Para pagos inferiores a 20 euros se establece un umbral máximo de 0,1% en tarjetas de débito y del 0,2% en tarjetas de crédito. Adicionalmente, para los pagos con tarjetas de débito, el nivel máximo de la tasa será, en todo caso, de 7 céntimos de euro, que aplicará, por tanto, para todos los pagos de importe superior a 35 euros.

3.- Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito

El art.124 del RD-Ley 8/2014 modifica el art.19 de la Ley 16/2012, con efectos desde 01-01-2014, con el objeto de garantizar una tributación armonizada de los depósitos constituidos en las entidades de crédito en todo el territorio español. A tal fin, se establece, con efectos desde el 1 de enero de 2014, un tipo de gravamen del 0,03 por ciento, cuya recaudación será destinada a las Comunidades Autónomas donde radiquen la sede central o las sucursales de los contribuyentes en las que se mantengan los fondos de terceros gravados. Además, se introducen mejoras técnicas en la configuración de la base imponible del Impuesto.

También establece, un régimen transitorio del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito en relación con las Comunidades Autónomas.

4.- Medidas en materia de aviación civil

- Disposiciones generales en materia de regulación aeroportuaria. Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

- Las tarifas aeroportuarias no podrán subir al menos en una década, hasta el año 2025

- Regulación temporal de las operaciones de aeronaves civiles pilotadas por control remoto (DRONES)

- Prohibición del uso de cualquier tipo de dispositivo laser o luminoso que pueda poner en riesgo la seguridad de las operaciones aeronáuticas.

- Incorpora otra modificación a la Ley de Seguridad Aérea para permitir la utilización flexible del espacio aéreo que prevé el proyecto de Cielo Único Europeo.

5.- Medidas en el sector portuario

- Ampliación del plazo máximo de las concesiones portuarias de 35 a 50 años

- Creación de un Fondo Financiero de accesibilidad terrestre portuaria.

6.- En materia de Registro Civil

Los registradores mercantiles se encargarán de desarrollar una plataforma electrónica de titularidad pública para procesar los datos. Hasta su pleno rendimiento, los jueces seguirán al frente de los Registros Civiles.

7.- Medidas urgentes en el ámbito energético

- Modificación del régimen retributivo del sistema del gas natural.

- Liberalización de las bombonas "ligeras" de butano y propano.

- Sistema de Obligaciones de Eficiencia Energética. Aportaciones de las Empresas comercializadoras de electricidad y de gas, y los operadores de productos petrolíferos al por mayor, de manera proporcional a su volumen de ventas.

8.- Efectivos militares

- Incorpora disposiciones relacionadas con las ofertas de plazas para las diferentes Escalas de las Fuerzas Armadas.

- Aclara la situación consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la equivalencia de la formación militar con el sistema educativo universitario.

9.- Novedades en IRPF

Se introducen tres modificaciones.

En primer lugar, con efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, por razones de equidad y cohesión social se declara exenta la ganancia patrimonial que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de la dación en pago o de un procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a la vivienda habitual del contribuyente.

Por otra parte, con la finalidad de que los contribuyentes con menores ingresos que realizan actividades profesionales puedan disponer de forma inmediata de una mayor liquidez, se establece un tipo reducido de retención –el 15 por ciento–  con efectos desde el 05/07/2014, cuando en el ejercicio anterior los rendimientos íntegros derivados de estas actividades obtenidos por el contribuyente hubieran sido inferiores a 15.000 euros, siempre que, además, estos rendimientos representen más del 75 por ciento de la suma de sus rendimientos íntegros de actividades económicas y trabajo.


Recordatorio sobre los porcentajes de retención autónomos previstos por la reforma fiscal:

-  El anteproyecto de ley de reforma del IRPF (fecha 23-06-2014) incluye una reducción del tipo de retención que con carácter general se aplicará a los autónomos, del 21 al 20%  aplicable al periodo impositivo 2015.  A partir del ejercicio 2016 la retención será del 19%.

-  Además de establecer la retención del 15 % para autónomos con menores rentas (la mencionada anteriormente y que se ha incluido en este RD-Ley, que se aplica a partir del 05-07-2014)


En línea con la medida aprobada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se introduce, con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, una exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para las personas físicas que transmitan su vivienda habitual mediante dación en pago o como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Como consecuencia de ello, el art.123.Dos suprime, con efectos desde 05-07-2014, el apartado 3 del artículo 106 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que fue introducido por el Real Decreto-ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y que contemplaba para determinados supuestos la asunción del pago del impuesto por las entidades de crédito, medida de alcance mucho más limitado que la que ahora se establece.

10.- Compensación e integración de rentas negativas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes generadas con anterioridad a 1 de enero de 2015

El art.122.Dos del RD-Ley 8/2014 añade una nueva DA trigésima novena a la Ley 35/2006, con efectos desde 1 de enero de 2014, que permite la compensación de las rentas negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes, o de valores recibidos a cambio de estos instrumentos, generadas con anterioridad a 1 de enero de 2015, con otras rentas positivas incluidas en la base del ahorro, o en la base general procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales.

Jul22

Aprobado el sistema nacional de garantía juvenil para jóvenes no ocupados

Categorías // Laboral, Noticias

Esta medida está dirigida a los 845.500 jóvenes españoles que ni trabajan ni estudian ni se están formando. Los requisitos son tener entre 16 y 25 años y no haber trabajado ni haber recibido acciones formativas en los últimos 30 días.

Sistema de Garantía Juvenil

Los jóvenes podrán apuntarse a través de un acceso en Internet para inscribirse en el Sistema de Garantía Juvenil que se encuentra alojado en el nuevo Portal de Garantía Juvenil al que se puede acceder a través de la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social www.empleo.gob.es. Sólo hay que rellenar un formulario, y no hay necesidad de aportar documentación suplementaria dado que el sistema ya se ocupará de cruzar datos con otras administraciones públicas.

Además, podrán hacerlo de manera presencial aquellos que se encuentren en riesgo de exclusión social y quienes posean un reconocimiento de discapacidad superior al 33%. En estos casos, el alta podrá llevarse a cabo en cualquier registro público de la administración pública.

Requisitos para darse de alta en el sistema

- Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.

- Esta empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.

- Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

- No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

- No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

- No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

- Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el margo de la Garantía Juvenil.

¿Dónde podrán trabajar y cuáles serán los beneficios para las empresas?

Serán las empresas las que se pongan en contacto con los trabajadores. La contratación indefinida de jóvenes menores de 25 años no ocupados supondrá un descuento para las empresas en las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social de 300 euros mensuales durante medio año.

Catálogo de medidas. Nuevos incentivos a la contratación

Una vez que los jóvenes se encuentren dados de alta en el Sistema podrán recibir ofertas para beneficiarse de cualquiera de las medias que se recogen en el catálogo de actuaciones del Plan de Implantación de la Garantía Juvenil o en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

Se trata de medidas que se vertebran en torno a cuatro ejes de actuación: mejora de la intermediación, mejora de la empleabilidad, fomento del emprendimiento y estímulos a la contratación a los que, en el marco de la Garantía Juvenil, se han sumado nuevos incentivos.

Entres ellos se encuentra el establecimiento de una nueva bonificación para la contratación indefinida de personas beneficiarias del sistema Nacional de Garantía Juvenil (TARIFA JOVEN), que implica para las empresas, incluidos los trabajadores autónomos y las entidades de Economía Social, una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social de 300 euros durante un máximo de seis meses.

Se trata de una medida que será compatible con el resto de incentivos y que sólo se podrán aplicar las empresas que con la nueva contratación incrementen el nivel de empleo indefinido y el nivel de empleo total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación durante todo el periodo de disfrute de la bonificación.

 En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como mínimo el 50 por ciento de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose una bonificación de entre 150 y 225 euros.

Además, se han introducido incentivos de hasta el 100% de las cuotas a la Seguridad Social en los Contratos Formativos cuando se utilizan para contratar a jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil.

En concreto, en relación al Contrato para la Formación y el Aprendizaje que contaba con una reducción del 100% de las cotizaciones para las empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% para las de 250 o más trabajadores, se ha previsto incrementar la bonificación a la empresa por los costes inherentes a la actividad formativa y los derivados de la necesaria tutorización del trabajador que consistirá en una bonificación de hasta el 25% de la actividad formativa, que debe ser como mínimo del 25 por ciento el primer año y del 15 por ciento el segundo y tercer año.

Por su parte, desde el 1 de agosto los Contratos en Prácticas para las prácticas curriculares remuneradas de los estudiantes universitarios y de Formación Profesional Dual que se formalicen con jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil contarán con una bonificación adicional del 50%, que se suma a la reducción del 50% de la que ya disponían, lo que hace que tengan un incentivo del 100% en las cotizaciones por contingencias comunes.

Y, por último, en el caso del Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa que, en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven ya contaba con una reducción de entre el 75 y 100% de la cuota por contingencias comunes (75% de reducción para empresas de más de 250 trabajadores y 100% para el resto) durante un máximo de 12 meses por la contratación de menores de 30 años sien empleo anterior, con una experiencia laboral inferior a 3 meses o que procedan de otro sector, y que compatibilicen empleo con formación, este incentivo se amplía a los jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil.

¿Cuáles serán las condiciones laborales de los inscritos en el programa?

Cada empresa fijará los salarios. Con unos límites: tendrán que respetar el salario mínimo interprofesional, su propio convenio y el estatuto de los trabajadores.

¿Cuál es el tiempo mínimo de las prácticas?

Seis meses como mínimo. Si no cumplen este plazo, las empresas deberán devolver todas las ayudas. El Ministerio de Empleo ha recalcado que, después de esos seis meses, no se sale del programa hasta que no se garantice la inserción laboral.

Si hay dos candidatos en las mismas condiciones, ¿quién será el elegido?

Será la propia empresa la que vea quien es el candidato más adecuado para su puesto. Los requisitos particulares para priorizar entre un candidato u otro vendrán especificados en la propia oferta.

Jun18

España se adapta a la nueva norma sobre derechos de los consumidores y usuarios

Categorías // Noticias

Las nuevas exigencias que deben seguir las empresas que realizan ventas en Internet y por Teléfono, estarán mucho más controladas y obligadas a informar al Cliente.

Nueva norma sobre derechos de los consumidores

Los teleoperadores que ofrezcan servicios y ofertas fuera de horario comercial o desde un número oculto pueden ya ser perseguidos legalmente, según establecen las modificaciones de la reforma de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios que se aprobaron en marzo y que entran hoy en vigor. 

Con esta norma España se adapta a la Directiva 2001/83/ UE sobre los derechos de los consumidores y usuarios, sobre todo en lo relativo a la prestación y contratación a distancia de servicios con consumidores. La Directiva quiere ayudar a desarrollar el potencial de las ventas transfronterizas a través de Internet al establecer un nuevo marco legal europeo bajo un enfoque de armonización plena, al eliminar importantes disparidades en la legislación europea de contratos de consumo. 

Entre las modificaciones más relevantes introducidas por la Ley 3/2014 se incluye la ampliación del plazo de ejercicio del derecho de desistimiento a 14 días naturales, que además se extiende hasta 12 meses si el empresario no proporciona la información requerida sobre éste, la prohibición de hacer cargos por uso de tarjetas y otros medios de pago que excedan del coste soportado por el empresario, el derecho de reembolso de los pagos por suplementos adicionales que vinieran incluidos por defecto en la oferta del empresario, el reforzamiento de la información pre-contractual que hay que ofrecer al consumidor y nuevas obligaciones específicas previstas para la contratación por teléfono.

Las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo, el márketing directo, el transporte terrestre de viajeros, publicidad, ropa, juegos de azar y apuestas, espectáculos artísticos, deportivos y recreativos y la alimentación son los sectores que durante 2013 se aventuraron en mayor medida a comercializar sus productos y servicios en Internet. 

A pesar de las nuevas obligaciones y costes que puede suponer la norma para las empresas, expertos y asesores de empresas señalan que puede tener efectos positivos porque dotará al comercio online de mayor seguridad jurídica y ahorrará costes de adaptación a la legislación de los distintos Estados miembros. 

Los nuevos derechos del cliente

Los prestadores de servicios online a consumidores deben facilitar al menos en castellano y con un tamaño de letra legible (incluso en aquellas compras que se realicen vía sms, anuncios televisivos o pantallas de teléfonos móviles) contenidos informativos y condiciones generales de contratación. 

- Deben revisar los procedimientos para la realización de las compras online (cesta de la compra) y el tipo de información previa que debe facilitarse. 

- También tienen la obligación de que los precios de los bienes y servicios ofertados en la web y en la publicidad sean finales e incluir gastos, medios de pago y forma de financiación, pudiendo el consumidor desistir de su compra en el plazo de 14 días desde que la ha realizado (de los 7 vigentes hasta ayer), sin costes adicionales, ni penalidad. 

- Respecto al denominado ‘Spam Online’, el consumidor, aunque sea cliente del sitio web, puede oponerse a recibir publicidad online respecto de los servicios que tiene contratado. Los requisitos para la prestación de los servicios de atención al cliente como para la gestión de reclamaciones y quejas son más exigentes. 

- Se refuerzan las facultades de inspección de las oficinas de atención al consumidor de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que estarán facultadas para solicitar a las empresas que celebren contratos con consumidores sus condiciones de contratación para determinar el carácter abusivo de las cláusulas. 

- Se prohíben cargos por pago con tarjeta que sean superiores al coste real para el empresario. 

- Se crean requisitos nuevos en las comunicaciones comerciales (horas de llamada, no usar numero oculto), y se prevé la necesidad de confirmación por escrito en contratos por teléfono. En caso de cancelación, la pena del contrato de permanencia debe prorratearse.

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